La alimentación es producto de un conjunto de factores sociales, económicos y culturales. En este sentido, los hábitos alimentarios de una población se ven influidos en gran medida por la disponibilidad, el costo y la variedad de alimentos, pero también por la costumbre, las creencias, la información que circula acerca de los alimentos y los hábitos alimentarios, los estilos de vida y los grupos de pertenencia, entre otros factores.
El derecho a la alimentación es un derecho humano íntimamente vinculado al derecho a la salud y reconocido por numerosos tratados internacionales suscriptos por Argentina. Por este motivo, el Estado tiene la obligación de promoverlo y protegerlo. En este sentido, es necesario señalar que la protección del derecho a la alimentación no sólo implica abordar la problemática de la desnutrición sino que refiere a al campo más amplio de la malnutrición.
La alimentación inadecuada (junto con el consumo de tabaco y la actividad física insuficiente) es una de las principales causas de las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT). Estas enfermedades (entre las que se incluyen las enfermedades cardio y cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer y la enfermedad respiratoria, entre otras) constituyen la causa de muerte de 35 millones de personas cada año a nivel global, el 80% de las cuales se producen en países de bajos y medianos ingresos.
La Argentina no es ajena a este problema. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 (ENFR 2018, Secretaría de Salud de la Nación), el 66,1% tiene exceso de peso, donde el sobrepeso alcanza al 33,7% de la población y la obesidad al 32,4%, en base a la medición objetiva. A su vez, la encuesta indicó que el 34,6% tiene presión arterial elevada y solo el 6% de la población cumple con la recomendación diaria de consumir cinco porciones de frutas y verduras. A esto se suma el hecho de que mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de sal de 5 gramos diarios, en el país (según datos del Ministerio de Salud de la Nación) la ingesta promedio por habitante es de entre 11 y 12 gramos, de los cuales alrededor de del 70% proviene de los alimentos industrializados.
Dada la magnitud del problema, desde FIC Argentina asumimos el compromiso de investigar y trabajar desde la sociedad civil para promover, monitorear y aportar al desarrollo e implementación de políticas públicas que sean eficaces para disminuir el consumo de sodio y grasas trans en la población, prevenir la obesidad y favorecer la adopción de hábitos alimentarios saludables.