Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI.
Se trata de una epidemia que, en los últimos años, se ha extendido a una velocidad alarmante a los países de bajos y medianos ingresos. La prevalencia de exceso de peso en la región es de 7,5% en menores de 5 años y de 30,6% en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años, según un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y la OMS. A nivel mundial, según OMS/OPS, la prevalencia de exceso de peso en menores de 5 años es de 5,9% y de 18% en la población entre 5 a 19 años.
A nivel nacional, los resultados de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018 reflejan que el exceso de peso es el problema más grave de malnutrición en Argentina con una prevalencia de 13,6% en menores de 5 años, y de 41,1% en el grupo de 5 a 17 años. Esta misma encuesta señala que:
- El consumo de frutas frescas, verduras, carnes, leche, yogur o quesos se encuentra por debajo de las recomendaciones
- Hay un consumo frecuente de alimentos de baja calidad nutricional con alto contenido de azúcar, grasas y sal como bebidas azucaradas, productos de copetín, golosinas y productos de pastelería
- El 70% de los estudiantes encuestados mencionó que en su escuela se venden alimentos de baja calidad nutricional
- 1 de cada 4 estudiantes señaló que la escuela provee bebidas azucaradas
Además, en base a un estudio realizado por FIC Argentina y UNICEF Argentina, los adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más de probabilidades de sobrepeso respecto a los adolescentes del nivel socioeconómico más alto.
En este contexto, para luchar contra la epidemia de obesidad infantil y sus enfermedades asociadas, la responsabilidad individual no es suficiente. El papel de los gobiernos es fundamental, y por ello deberían:
- Asumir un compromiso político sostenido en el diseño y adopción de políticas para reducir la obesidad infantil
- Implementar políticas para garantizar a toda la población el acceso a alimentos saludables y disminuir el consumo de alimentos no saludables
- Implementar políticas para que todos los sectores sociales puedan tener acceso a la actividad física periódica
- Involucrar a múltiples actores (organismos internacionales y nacionales, la sociedad civil y las empresas privadas) pero en un marco que evite caer en conflictos de interés que atenten contra el desarrollo de las políticas públicas eficaces.