El Ministro de Salud de la provincia de Mendoza presentó una campaña en conjunto con Massalin Particulares y Nobleza Piccardo y declaró públicamente que existe un acuerdo para frenar políticas fiscales a los cigarrillos en su provincia.
(Buenos Aires, 20 de octubre) El pasado 15 de octubre el Ministerio de Salud de Mendoza presentó una campaña de «Prevención del consumo de cigarrillos en menores de edad» en conjunto con Nobleza Piccardo y Massalin Particulares. La Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), la Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina (ALIAR), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Asociación Argentina de Tabacología (AsAT) y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) repudian el convenio ya que, a pesar de la aparente corrección política de lanzar una campaña para prevenir la venta de cigarrillos a menores, existe evidencia suficiente que indica que este tipo de programas son ineficaces para reducir el tabaquismo en los jóvenes y son parte fundamental de la estrategia de las tabacaleras para evitar legislación efectiva de control del tabaco.
El programa presentado en el ministerio provincial ya fue implementado por la industria tabacalera en numerosos países y en varias jurisdicciones de la Argentina en las últimas décadas. Su verdadero objetivo, de acuerdo a los propios documentos internos de las tabacaleras, es impedir que se promulguen leyes eficaces para el control de tabaco, crear aliados para consolidar la influencia en ámbitos de gobierno y mejorar su imagen pública.
Las declaraciones de Matías Roby, Ministro de Salud de la provincia, a los periodistas que asistieron a la presentación de la campaña demuestran que hay otros objetivos detrás de la supuesta intención de prevenir el consumo de tabaco en jóvenes. Según sus propias palabras, se llegó a un acuerdo con la industria tabacalera para no avanzar con la legislación de impuestos al tabaco: «En algún momento había un proyecto que tenía que ver con gravar los cigarrillos. Este fue uno de los temas que oportunamente tocamos en una reunión con Massalin Particulares y Nobleza Picardo y acordamos justamente evitar que este proyecto progresara», señaló Roby.
El artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud – tratado internacional de salud pública ratificado por casi 180 países-, sostiene que deben protegerse las políticas de salud pública de los intereses comerciales y otros intereses de la industria tabacalera. El aumento de los impuestos a los cigarrillos – medida que busca frenar la industria tabacalera a través de esta alianza con el ministerio provincial- es la política más eficiente para reducir el consumo de tabaco. De hecho, si hoy Argentina aplicara un aumento del 50% en el precio de venta de los cigarrillos a nivel nacional, se reduciría el consumo en un 15% y se evitarían 15.500 muertes por enfermedades cardiacas, 34.600 infartos y 11.900 accidentes cerebrovasculares, según estimaciones del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
«Si las autoridades de Mendoza quisieran reducir significativamente el consumo de tabaco, en lugar de establecer acuerdos con la industria tabacalera deberían hacer cumplir la ley vigente en la provincia y avanzar con políticas de probada eficacia, como las medidas fiscales -que reducen la asequibilidad de los cigarrillos- y la prohibición completa de la publicidad de tabaco, incluida la exhibición de los productos en los puntos de venta. Cuando un gobierno admite la influencia de la industria tabacalera está protegiendo las ganancias de las transnacionales del tabaco a costa de la vida y la salud de la población. Por este motivo, vamos a solicitar una audiencia con el ministro para pedirle la inmediata ruptura del convenio entre la provincia de Mendoza y la industria tabacalera, ya que busca socavar las medidas eficaces de control de tabaco», sostuvo Verónica Schoj, directora ejecutiva de FIC Argentina.
A pesar de que en Argentina el tabaquismo es una adicción que afecta a casi 9.000.000 de personas y produce más de 40.000 muertes por año, durante la presentación de la campaña, el ministro declaró que uno de los objetivos de la iniciativa es «reforzar a nivel familiar la figura del fumador responsable». En este contexto, las ONGs que emiten este comunicado consideran de gravedad estas declaraciones ya que sugieren que sería posible consumir tabaco «responsablemente».
«Existe abundante evidencia que muestra que después de los primeros 5 cigarrillos, los jóvenes ya tienen signos de adicción al tabaco y que no existe un nivel seguro de consumo. El consumo de tabaco, por mínimo que sea, genera graves enfermedades que provocan discapacidad y muerte. Resulta inadmisible que un ministro de salud hable de ‘consumo responsable’ de un producto letal, que mata a la mitad de sus consumidores crónicos», señaló Ernesto Ruiz, coordinador nacional de ALIAR, red de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la promoción de legislación de control de tabaco.
