La alta prevalencia de exceso de peso y los malos hábitos de alimentación, especialmente en los niños, niñas y adolescentes (NNyA), dejan de manifiesto la deuda del Estado Nacional en materia de políticas públicas efectivas que garanticen el derecho a la alimentación en esta población vulnerable.
(Buenos Aires, 1 Octubre) La Secretaría de Gobierno de Salud presentó los primeros resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Una de las cifras más alarmantes muestra que el 41,1 % de la población entre 5 y 17 años tiene exceso de peso, donde el sobrepeso alcanza al 20,7% de la población y la obesidad al 20,4%.
Además, se observa que los NNyA tienen un patrón alimentario de menor calidad nutricional respecto al resto de los grupos etáreos. Superan en un 40% el consumo de bebidas azucaradas comparado con los adultos, triplican el consumo de golosinas y duplican el de productos de pastelería o de copetín. Estos datos reflejan que los NNyA se encuentran inmersos en un entorno no saludable que promueve el consumo de productos de baja calidad nutricional. “Frente a este panorama, es necesario avanzar con una regulación clara y basada en evidencia científica que busque desalentar el consumo de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional y que promueva el consumo de alimentos naturales” manifestó Lorena Allemandi, directora del área de políticas de alimentación saludable de FIC Argentina.
En este sentido, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales y la Relatora especial para el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, recomendaron a la Argentina adoptar políticas que garanticen el derecho a la alimentación adecuada. Sin embargo, en Argentina aún no existe un marco normativo integral para la prevención de la obesidad con foco en la malnutrición y el sedentarismo. Una política de esta índole, para ser considerada efectiva, debe mejorar el entorno escolar, restringir la exposición al marketing de alimentos de baja calidad nutricional y garantizar la obligatoriedad de información clara y precisa en los envases de alimentos de modo que los consumidores puedan hacer elecciones saludables. También es necesario promover medidas fiscales que restrinjan el acceso a alimentos de mala calidad nutricional y mejoren el acceso a alimentos naturales, entre otras. ”Estas medidas deben ir acompañadas de una mirada crítica y clara del conflicto de interés por parte del Estado evitando así la influencia indebida de otros intereses distintos al de la salud pública” continuó Allemandi.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI. Es por ello que, para luchar contra la epidemia de obesidad infantil y sus enfermedades asociadas, la responsabilidad individual no es suficiente. Resulta prioritario que los gobiernos implementen medidas para prevenir la malnutrición y garantizar de manera efectiva el derecho a la salud.
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