La Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes envió una carta a legisladores y legisladoras para solicitar el pronto tratamiento del proyecto de ley de etiquetado de advertencias en la Cámara de Diputados, donde lleva siete meses sin obtener dictamen.
(Buenos Aires, 4 de junio) Por medio de una carta dirigida a los/as presidentes/as y vicepresidentes/as de las comisiones de la Cámara de Diputados a las que tiene giro el proyecto, las organizaciones miembro de la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes solicitaron habilitar el tratamiento del proyecto para que obtenga dictamen favorable. A su vez, se envió otra carta a los/as presidentes/as de todos los bloques políticos para que apoyen el dictamen favorable y se comprometan a priorizar el derecho a la salud y a la información de la población en el debate del proyecto.
El proyecto, titulado “Promoción de la Alimentación Saludable”, tiene como finalidad la implementación de un etiquetado frontal de octógonos negros y está basado en el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hace más de siete meses fue aprobado en el Senado de la Nación casi por unanimidad y por todas las fuerzas políticas.
La normativa está basada en evidencia científica libre de conflicto de interés y cuenta con el apoyo de entidades como UNICEF, OPS; con el aval de organizaciones de la sociedad civil de Argentina y de la región; y, en base a una reciente encuesta realizada por FIC Argentina, la iniciativa cuenta con amplio apoyo de la población. En este sentido, el estudio reflejó que el 91% de los y las encuestados/as apoya una política que incluya sellos negros de advertencia en el frente de los envases de alimentos y bebidas con exceso en nutrientes críticos (azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas) y calorías.
A partir de las solicitudes realizadas en ambas cartas, la Coalición busca que se priorice en la discusión legislativa el derecho a la salud, la alimentación adecuada y el derecho a la información de toda la población en general y en especial de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
