El proyecto de etiquetado, que ya tiene media sanción del Senado y dictamen de mayoría de comisiones en Diputados, no fue tratado ya que no hubo quórum para garantizar el inicio de la sesión. Desde la sociedad civil llaman a diputados y diputadas a asumir su compromiso y priorizar la protección del derecho a la salud por sobre diferencias políticas.
(Buenos Aires, 5 de octubre) En la mañana del día de hoy estaba prevista una sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de etiquetado frontal de advertencias, junto a otros proyectos más. Sin embargo, no hubo quórum para dar inicio a la sesión y se desaprovechó una gran oportunidad para que Argentina avance en una ley basada en los mejores estándares y en evidencia científica libre de conflicto de interés.
A partir de este escenario es momento de continuar promoviendo que la política sea tratada y aprobada próximamente en el recinto y que no sufra ninguna modificación. “Confiamos en que la ley se va a tratar y se va a aprobar. Desde que el proyecto ingresó al Congreso contó con amplio consenso y apoyo de todos los sectores, y trascendió a los bloques políticos y sus diferencias. Contamos con el compromiso de las y los diputados/as para aprobar sin cambios esta ley tan importante para la salud pública de nuestro país”, declaró Victoria Tiscornia, investigadora de FIC Argentina.
El proyecto “Promoción de la Alimentación Saludable” busca implementar un etiquetado frontal de advertencias de octógonos negros con la inscripción “Exceso en..” para advertir en los envases sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos como azúcar, grasas y/o sodio. Además, está basado en el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, el que mejor se corresponde con las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
El proyecto además prohíbe la venta en entornos escolares de productos que cuenten con un sello de advertencia o más y restringe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de estos productos. Esta medida es una de las intervenciones más efectivas para garantizar el derecho a la alimentación y el derecho de los y las consumidores a estar informados/as. Además, es la puerta de entrada para la promoción de otras medidas que buscan generar un entorno más saludable.
El proyecto obtuvo media sanción del Senado en octubre del 2020 y el 13 de julio se emitió dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara de Diputados. Desde entonces, su tratamiento en Diputados está frenado.
