A un año de esta gran victoria para la salud pública de nuestro país, referentes de la sociedad civil hacen su balance sobre el primer año de vigencia de la ley y reflexionan sobre los principales desafíos para su correcta implementación.
(Buenos Aires, 26 de octubre) Hace un año la Cámara de Diputados de la Nación, con 220 votos a favor, convertía en ley el etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas. Se trató de un hito para la salud pública de Argentina dado que la ley busca garantizar derechos fundamentales como el derecho a la información de los y las consumidores/as, el derecho a la salud y a la alimentación adecuada. La norma, además, contiene un foco de protección de las infancias, ya que establece restricciones sobre la publicidad de comida chatarra en los entornos escolares y en diversos canales de comunicación.
Este logro colectivo fue celebrado por una gran cantidad de actores y referentes que participaron activamente en el proceso de promoción de la ley, tanto desde la academia, la sociedad civil, organismos internacionales, entre otros. A un año de esta gran victoria, compartimos una reflexión de distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en conjunto para la aprobación de la norma:
“A un año de aprobada la ley, desde FIC destacamos la velocidad con la que fue reglamentada y la sanción de las normas complementarias requeridas para que pueda ser implementada. Sin embargo, actualmente la implementación de la ley se encuentra demorada y son escasos los productos que pueden observarse con sellos en los supermercados de todo el país. Esta situación genera un terreno favorable para que las empresas de alimentos y bebidas azucaradas, aún cuando la ley está vigente, continúen vulnerando los derechos de las infancias a través de acciones agresivas de marketing que buscan promover el consumo de productos con un contenido excesivo de nutrientes críticos. También se ven vulnerados los derechos de las y los consumidores, ya que, al no estar presentes los sellos, la población no tiene información sobre el contenido real de los productos. De esta manera, el espíritu de la norma se ve desdibujado y los derechos que busca garantizar no están siendo protegidos. Por eso, es necesario que la norma se implemente en su totalidad a la brevedad y que el Estado tenga un rol activo en la fiscalización de su cumplimiento”, señaló Victoria Tiscornia, nutricionista e investigadora de FIC Argentina.
“El balance de este año es sumamente positivo, desde FAGRAN pudimos como entidad federal participar con equipos técnicos en el asesoramiento a legisladores y decisores políticos, en materia de alimentación y nutrición con fundamentación científica libre de conflictos de interés y avanzar en una ley integral. A un año de su aprobación tenemos la ley reglamentada y en tiempos de aplicación.
Actualmente existe un nuevo desafío, monitorear los tiempos y las formas de implementación en los diferentes ejes propuestos, en las diversas jurisdicciones del país. Puntualmente la aparición de los sellos en los envases, para que informen de manera sencilla a la población; la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de productos con sellos que sea dirigida a niñeces y una real protección de los entornos escolares, monitoreando qué alimentos ingresan a kioscos y comedores de escuelas.
Confiamos en el trabajo conjunto, en el deber de los tomadores de decisión y asumimos el compromiso de seguir acompañando hasta que sea una realidad la ley implementada en todo el territorio nacional”, declaró Ana Cáceres, presidenta de FAGRAN.
“La aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable nos genera una inmensa alegría como organización que trabaja en la garantía de derechos de salud y alimentación. Considerando que en el debate previo y en su posterior reglamentación haya primado la defensa de la salud pública y la prevención de las ENT, significa un gran avance en materia de derechos para nuestro país. A un año de su aprobación, contemplamos como desafío la garantía de su implementación en todo el territorio nacional, de forma transparente y libre de conflictos de interés. Y, sobre todo, la participación de la sociedad civil en procesos elementales como su fiscalización. Confiamos en que las autoridades de aplicación velen por la correcta implementación, promoviendo valores democráticos esenciales como puede ser la participación ciudadana y el acceso a la información”, mencionó Ignacio Porras, director ejecutivo de SANAR.
“Pensar en cómo estábamos hace un año nos emociona porque logros así no se consiguen a diario en el activismo, la militancia y las organizaciones de la sociedad civil.
Aun así, nos preocupa que no contemos con la información de las prórrogas otorgadas por la ANMAT hacia ciertas empresas y que también, veamos a diario como en diversos rincones del país, sobran las imágenes de marcas como Coca-Cola regalando sus productos. Y vos que estás leyendo esto te preguntarás, “¿y la Ley?” Claro, desde Consciente Colectivo nos hacemos la misma pregunta y es evidente que las preguntas sobran, pero nos resulta importante remarcar que las Leyes no se implementan en su totalidad de un día para el otro, son procesos y progresivos, y desde esa óptica es que vale tanto la pena involucrarse para que ello efectivamente suceda. Por eso, se celebra que hoy tengamos una herramienta para garantizar derechos que hasta hace un año no teníamos. Se celebra que el organizarse y construir colectivamente haya dado sus frutos para construir un país diferente en un contexto nacional, regional y global, que nos exige transformar nuestra sociedad”, señaló Mijael Kaufman Falcuk, cofundador de Consciente Colectivo.
«A un año de la sanción de la ley de Etiquetado Frontal, reafirmamos la importancia que esta normativa tiene en la tutela de derechos fundamentales. En un contexto marcado por la inseguridad alimentaria y la gran prevalecía de enfermedades no transmisibles, pedimos al Estado argentino que instruya los mecanismos necesarios para garantizar la efectiva implementación de la ley en todo el territorio nacional. En ese marco, es prioritario que los sellos aparezcan en las góndolas del país, que las autoridades mejoren los mecanismos de fiscalización y sanción ante eventuales incumplimientos y, que se garantice una mayor transparencia y participación ciudadana a lo largo de todo este proceso. Necesitamos saber que estamos comiendo y para eso, es preciso que esta ley se ponga en marcha. Defendamos nuestros derechos, exijamos su cumplimiento«, indicó Maga Merlo, coordinadora de salud de Fundeps.
En estos balances se reiteran dos necesidades: garantizar la implementación de la norma en todo el territorio nacional y proteger el derecho a la información de los y las consumidoras. Actualmente muchos productos que deberían contener sellos no los tienen y la población desconoce si se debe a que las empresas recibieron el beneficio de una prórroga (que las habilita a demorar unos meses la aplicación de los sellos); por stock, es decir, porque la empresa aún está comercializando productos elaborados con anterioridad a la ley; o bien porque es un producto elaborado por una PYME y aún no tienen obligación de incluir los sellos.
La incertidumbre también abarca a la fiscalización de otros componentes de la ley como la prohibición de publicidad. Múltiples productos que por su composición deberían contener más de un sello de advertencias, además de no incluir los sellos desarrollan campañas de marketing aprovechando el contexto del mundial de fútbol, entre otras estrategias. En este escenario tan confuso, la ciudadanía se ve perjudicada y las empresas sacan provecho. En el primer año de la normativa, creada para defender el derecho humano a la salud, desde la sociedad civil se reivindica el logro colectivo de su sanción pero se demanda que se implemente en todo el territorio nacional.
