En un evento realizado en el día de hoy, decisores nacionales, referentes regionales y miembros de la sociedad civil debatieron sobre el proceso de aprobación de la ley de etiquetado en Argentina y en la región. Además, debatieron sobre los próximos pasos frente a la reglamentación.
(Buenos Aires, 17 de marzo) En el día de hoy se realizó un encuentro organizado por FIC Argentina para intercambiar experiencias y perspectivas sobre el proceso de aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos en Argentina y la región, así como de los próximos desafíos de cara a la reglamentación e implementación de la norma.
Participaron del evento Brenda Austin, ex diputada nacional de la Unión Cívica Radical y Silvina Calle, asesora de Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional del Frente de Todos. Ambas decisoras son autoras de proyectos que sirvieron de insumo para el texto final de la norma y son figuras claves que, durante muchos años, promovieron la medida dentro del Congreso. “Una característica de esta ley es que atravesó a todos los bloques políticos: teníamos la convicción de trabajar codo a codo para que la política salga. Otra característica fue el trabajo histórico de la sociedad civil que en los momentos críticos para la iniciativa, como cuando el proyecto ingresó a la Cámara y tuvo un exceso de giros, ejerció presión y exigió una reducción de las comisiones que luego, gracias al diálogo político, fue posible”, comentó Brenda Austin. En esta línea, Silvina Calle señaló: “En el Senado trabajamos en la unificación de diversos proyectos de etiquetado presentados por distintos bloques y tomamos este trabajo con mucha responsabilidad como merecía el tema”.
En una segunda instancia Guido Girardi, ex Senador de Chile; Jaime Delgado, ex Legislador de Perú; y Luis Galicia del Ministerio de Salud de Uruguay, intercambiaron experiencias sobre la aprobación y reglamentación del etiquetado de advertencias en sus respectivos países. Al respecto, Girardi enfatizó en la necesidad de prestar atención a las acciones de la industria de alimentos durante todo el proceso de promoción de la política: “En Chile cuando hicimos esta ley queríamos que estas industrias criminales se transformaran en saludables”. El etiquetado fue aprobado en este país en 2012 e implementado en 2016 y hay estudios que evaluaron su impacto y reflejaron que las personas cambiaron sus hábitos de consumo y las industrias reformularon sus productos para evitar los sellos de advertencias en los envases.
Delgado, por su parte, contó la experiencia en Perú y destacó que “La ley fue aprobada en 2013 y reglamentada en 2017, con un nuevo Congreso que estaba capturado casi totalmente por la industria de alimentos. Fue muy difícil esta instancia y el rol de la sociedad civil fue clave. Sin una sociedad civil organizada no estaríamos contando esta historia”. Posteriormente Galicia mencionó algunos puntos en común en la promoción de la política entre Uruguay, donde la medida fue sancionada en 2017, y Argentina: “La interferencia de la industria de alimentos fue constante y dificultó el proceso ya que difundían argumentos falaces para entorpecer y obstaculizar la medida”. Y agregó: “En Uruguay, a diferencia de otros países de la región, tenemos un decreto y no una ley. El decreto fue trabajado por un grupo multisectorial donde se decidió dejar afuera a la industria. Trabajaron en esta mesa el gobierno, las agencias de Naciones Unidas, la academia y la sociedad civil”.
El evento contó, a su vez, con la participación de miembros de la sociedad civil, un sector clave en el proceso de promoción de la ley por su aporte de evidencia científica libre de conflicto de interés para la redacción de la norma, por su asesoramiento constante a decisores políticos y por su monitoreo y respuesta instantánea ante los casos de interferencia de la industria de alimentos y bebidas. En este sentido, Victoria Tiscornia, nutricionista e investigadora de FIC Argentina, señaló: “La ley de etiquetado de Argentina es un ejemplo para la región y es la puerta de entrada para otras medidas que pueden cambiar el entorno alimentario actual. Pero para que esto suceda necesitamos que se reglamente con urgencia la ley y que este proceso sea transparente y participativo para evitar interferencias que afecten el espíritu de la norma”.
La ley “Promoción de la Alimentación Saludable”, aprobada en octubre de 2021, busca garantizar el derecho de los y las consumidores/as a acceder a información real sobre los alimentos y bebidas que consumen, ya que establece la implementación de un etiquetado frontal de advertencias de octógonos negros con la inscripción “Exceso en..” para advertir en los envases sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos (azúcar, grasas y/o sodio). Se basa en el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, el que mejor se corresponde con las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). La norma también prohíbe la venta en entornos escolares de productos que cuenten con un sello de advertencia o más así como la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de estos productos.
