El 13 de noviembre, la Cámara de Senadores aprobó una ley nacional de regulación del consumo de sal.
La nueva ley 26.905 abarca varias medidas:
– Regulación del contenido de sodio en un grupo de alimentos procesados que tendrán un valor máximo de contenido de sal permitido. Depende de un listado anexo a la ley. La reducción deberá implementarse en un plazo máximo de 12 meses y 18 meses para PYMES.
– Concientización a la población: campañas de difusión sobre los riesgos para la salud del consumo de sal, advertencias de los riesgos en los envases donde se comercializa el sodio y mensajes en las publicidades de productos que contienen sodio.
– Estrategias en restaurantes: menús alternativos sin sal agregada, retiro de saleros de las mesas, disponibilidad de sal en sobres y sal con bajo contenido de sodio.
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Dado que el consumo excesivo de sal es la principal causa de hipertensión que a su vez constituye la primera causa de muerte en Argentina, todas las medidas que apunten a reducir el consumo de sal tienen un importante impacto potencial en la salud pública.
Se trata, por lo tanto, de un avance muy importante y son muy pocos países del mundo que cuentan con regulación en el tema. La sanción de la ley es un buen comienzo pero solo su adecuada implementación garantizará la efectiva protección de la salud. También será fundamental que gradualmente las reducciones de sal alcancen a todos los alimentos procesados que se comercializan en el mercado argentino y que tienen un alto contenido de sodio en su composición.
Desde nuestro rol de sociedad civil, nuestra tarea estará enfocada en generar información útil para monitorear el proceso de implementación, contribuir a la concientización de la población acerca de la necesidad de reducir el consumo de sal y aportar al fortalecimiento de la política, para que su impacto en la salud pública sea el buscado.